La promulgación del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma ha determinado el cierre de numerosos establecimientos y negocios por la incompatibilidad de la actividad desarrollada con las medidas de emergencia sanitaria que han sido adoptadas con la declaración del estado de alarma.

Muchas de estas medidas afectan a contratos de tracto sucesivo que se vienen desarrollando durante tiempo atrás y concertados para futuro, como son los casos de academias o centros educativos de idiomas, de actividades extraescolares, gimnasios, piscinas, etc., donde el cliente de ordinario paga una cuota mensual por el servicio.

El art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha introducido unas medidas de protección a los consumidores que, en esencia, reconocen a los consumidores y usuarios un derecho de resolución de determinados contratos sin penalización, entre ellos los de tracto sucesivo, con determinados límites.

¿Qué pasa en este tiempo, de duración incierta, de estado de alarma donde no se presta el servicio? ¿Hay que seguir pagando? ¿Qué consecuencias tiene la falta de prestación del servicio?.

            Lo primero que hay que decir es que estos contratos de tracto sucesivo o continuado no pueden tener el mismo tratamiento que los que obedecen a contrataciones puntuales como son los casos típicos de contratación de restaurantes o salones de bodas, reservas de estancias en hoteles, billetes de avión o de tren, entre otros muchos.

Lo segundo, muy importante, es que las empresas se encuentran ante una situación de imposibilidad de dar cumplimiento a los contratos ya suscritos, debido al cese de la actividad, como es el caso paradigmático de los centros de enseñanza de actividades extraescolares, como por ejemplo en una academia de inglés.

Esta distinción se acoge en las medidas de protección de consumidores introducidas por el 36.3 del RDL 11/2020, donde se da un tratamiento singular a los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, con la finalidad de conservar el contrato en la medida en que sea posible.

A modo de ejemplo vamos a conocer el caso de Carmen Y Javier, padres de dos hijos de 7 y 9 años de edad, que están cursando estudios de educación primaria. Para elevar el nivel de inglés de sus hijos, los padres les han matriculado en actividades extraescolares de inglés desde hace tres años en la academia Learning English, centro privado que imparte clases de inglés en educación infantil, primaria, secundaria y de bachillerato, y prepara los exámenes para las diferentes titulaciones de Cambridge.

Al inicio de cada curso escolar inscriben a sus hijos y vienen abonando una cuota mensual de 120 euros por cada hijo desde los meses de septiembre hasta junio de cada curso escolar, que pagan por mes adelantado. Los dos últimos cursos 2017-2018 y 2018-2019, los hijos asistieron a las colonias que organiza el centro cada mes de julio.

El pasado día 13 de marzo de 2020, el Departamento de Educación decretó el cierre de todos los centros de la Comunidad Autónoma por emergencia sanitaria, incluida la academia Learning English, con lo que los hijos de Carmen y Javier no han podido asistir a clases desde ese día y los posteriores por la declaración de estado de alarma del RD 463/2020.

Carmen y Javier abonaron el mes de marzo por adelantado y nadie les ha comunicado nada en cuanto a la devolución del importe, por lo que ante esta situación se preguntan si tienen derecho a la devolución de la parte proporcional y si deben abonar o no las sucesivas mensualidades, así como cuál es la situación en la que queda el contrato.

La interrupción de la actividad de Learning English obedece al cierre del centro decretado por la autoridad competente por razones de emergencia sanitaria, que se prolongará normalmente durante todo el periodo de estado de alarma, de duración incierta.

Esta es una situación de fuerza mayor, tal como se ha definido legalmente en el art. 22.1 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, para el caso de los ERTES, en la que se incluyen los casos que tienen su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, y que determinan la cancelación de actividades o cierre temporal de establecimientos, en este caso de enseñanza.

La fuerza mayor aparece contemplada en el art. 1105 del Código Civil cuando dispone que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, como el caso de cierre de centros educativos por emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

Por tanto, debe partirse de que Learning English no presta el servicio al que se obligó por un suceso imprevisible, lo cual es premisa necesaria para dar solución al caso.

El contrato que tenían Carmen y Javier con Learning English suponía obligaciones recíprocas de manera que los primeros abonaban un precio mensual en tanto que la empresa prestaba el servicio.

Lógicamente si la empresa no puede prestar el servicio no surge la obligación recíproca de retribuirlo, por lo que Carmen y Javier no deben retribuir el servicio. Cuestión distinta es que Learning English tenga alguna responsabilidad, a lo que hay que dar respuesta negativa por imperio del art. 1105 del Código Civil que establece la exoneración de responsabilidad, entendida rectamente con que no debe indemnizar a la contraparte, en este caso Carmen y Javier, de los daños y perjuicios derivados de la falta de prestación del servicio.

Partiendo de que Learning English quiere cumplir y se ve imposibilitada por causa de fuerza mayor, debe examinarse si puede resolverse el contrato que tenía con Carmen y Javier. Tratándose de obligaciones recíprocas es de aplicación el art. 1124 del Código Civil que otorga la facultad de resolver cuando uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. En una primera aproximación, esta solución aparece como injusta, puesto que hay una causa externa impide cumplir la prestación, tratándose además de una situación transitoria por cuanto, de seguir las cosas su curso normal, al finalizar la situación de alarma Learning English reanudará su actividad y prestara el servicio al que se comprometió.

En esta tesitura, debemos acudir a lo que establece el párrafo tercero del art. 1124 del Código Civil que indica que “el tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen a señalar plazo”.

Parece claro que, en el caso planteado, un tribunal apreciaría causas justificadas y optaría a fijar como plazo para reanudar el contrato el de finalización del estado de alarma o sus prórrogas. Difícilmente se inclinaría por la resolución en un supuesto como el planteado, sino más bien por la suspensión del contrato.

 

La incidencia de la legislación de consumidores y usuarios. La norma excepcional del RDL 11/2020.

Existe en la práctica cierto sobredimensionamiento aplicativo de la legislación de protección de consumidores, de manera que la perspectiva de análisis viene a ser inversa a la que hemos empleado en este caso, esto es, primero se analiza si hay norma tuitiva que ampare la situación y, si no la hay, entonces se examina la aplicación de las normas comunes y sus efectos.

En el ejemplo que planteamos no habría en principio ningún elemento para acudir a la legislación general de protección de consumidores anterior al RDL 11/2020, si bien las normas excepcionales de protección de consumidores incorporadas al art. 36 del citado RDL 11/2020, de 31 de marzo, han regulado específicamente estas situaciones en caso de contratos de tracto sucesivo, como veremos. Distinto sería el supuesto en que existiera una cláusula de exoneración de la academia por causa de fuerza mayor o una práctica abusiva como las ya censuradas por la jurisprudencia de percepción anticipada del curso por parte de la academia con simultánea concertación de un contrato de préstamo con una entidad financiera para el pago de las mensualidades.

Si esto sucediera, deberíamos acudir a la legislación de protección de consumidores, por conductas o prácticas abusivas, pero en el caso planteado donde lo único que existe es la interrupción del contrato por una causa externa que impide transitoriamente la normal prestación del servicio, de manera que no tendría juego aplicativo la legislación de consumidores y usuarios.

 

El art. 36 del RDL 11/2020.

El art. 36 del RDL 11/2020 establece el derecho de resolución de determinados contratos, sin penalización, por parte de los consumidores y usuarios, entre los que se encuentran los de tracto sucesivo como el de nuestro ejemplo, si bien con determinados límites.

Como regla general, el art. 36.1 del RDL 11/2020 establece el derecho del consumidor y usuario a resolver el contrato durante un plazo de 14 días si resultare de imposible cumplimiento como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma. Sin embargo, tras establecer este derecho, matiza su aplicación al establecer que “la pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato”. Por tanto, y en una primera aproximación, la posibilidad de una revisión del contrato que restaure la reciprocidad condiciona la pretensión resolutoria.

En el caso de contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, el art. 36.1 ha de ponerse en relación con el art. 36.3 del RDL 11/2020, que regula su régimen específico. El citado apartado 3 establece, respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, que la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori, y solo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación, entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio.

Lógicamente, en el caso planteado de la academia de inglés, no se puede recuperar el servicio a posteriori, por lo que deberíamos estar a lo que establece el último inciso cuando dice: “asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes”.

Aun con defectuosa técnica y ciertas imprecisiones terminológicas, parece que este último inciso del art. 36.3 del RDL 11/2020 debe interpretarse que en estos contratos de tracto sucesivo donde los servicios se prestan en “nuevas” mensualidades, posteriores al periodo de alarma, se produce una suspensión del contrato hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, y no una resolución o rescisión del mismo, salvo mutuo acuerdo, lo cual sería una excepción al derecho a la resolución unilateral del art. 36.1 del RDL 11/2020. Lógicamente, si la duración del contrato no alcanzara al momento de finalización de la causa mayor, como es el caso de los contratos concertados por un curso escolar, se produciría la extinción del mismo por transcurso del tiempo, sin que procediera su reanudación por haber finalizado.

 

Los principios generales del derecho y la solución del conflicto.

 En casos como el expuesto, alcanza toda su dimensión el principio de buena fe en el ejercicio de derechos. Se trata de una relación continuada que se ha interrumpido por un motivo de fuerza mayor de forma transitoria, por lo que el principio de buena fe determinaría a la academia a devolver -y a no percibir- los servicios que no ha podido prestar y a los padres a no reclamar nada de la academia y reanudar la actividad extraescolar de sus hijos tan pronto finalizara la situación de emergencia y hasta que terminara el curso escolar. Esta solución nos aproxima a los efectos, en este caso suspensivos, de la cláusula “rebus sic stantibus”, como instrumento de equilibrio entre equidad y seguridad jurídica, y es la que se plasma en el art. 36.3 del RDL 11/2020 en la interpretación que se ha sostenido.

A partir de esta solución inicial, y con apoyo en el mismo art. 36 del RDL 11/2020, podrían consensuarse diferentes variables en función de las circunstancias, pero en todo caso el principio general de buena fe en el ejercicio de los derechos determinaría una solución autocompositiva por las partes en un caso como el que planteamos.